El abogado José Lucas Magioncalda, líder del equipo de Activismo Judicial de Fundación Apolo, presenta en este informe un examen jurídico del Decreto 780/2024, que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
El trabajo sostiene que el decreto introduce restricciones inconstitucionales y contrarias a los estándares internacionales en materia de transparencia, debilitando principios como la no discriminación, la gratuidad del trámite y la regla general de que toda la información en poder del Estado debe ser pública, salvo excepciones muy limitadas establecidas por ley.
Este análisis revisa en detalle cómo las modificaciones impactan en definiciones clave como “información pública” y “documento”, amplían excepciones que limitan el acceso y alteran competencias de la Agencia de Acceso a la Información Pública, generando un retroceso respecto de los derechos ya consagrados por ley y por tratados internacionales de derechos humanos.
Desde Fundación Apolo consideramos este trabajo es fundamental para alertar sobre el retroceso institucional que implican estas reformas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa del derecho ciudadano a acceder a la información pública, herramienta esencial para prevenir la corrupción y fortalecer la democracia.