En el segundo informe de Desregulaciones, Usina PyME relevó las principales normas dictadas por el Gobierno Nacional entre abril y junio de 2025 que modifican, eliminan o simplifican regulaciones con impacto directo sobre las PyMEs y el ecosistema productivo.
El relevamiento incluye cambios normativos en comercio exterior, agroindustria, empresas públicas, transporte, reformas laborales y otras áreas clave para la competitividad y el desarrollo económico.
Entre las medidas destacadas se encuentran:
- Comercio exterior: la eliminación de derechos de exportación para productos industriales elaborados con insumos básicos; la exención impositiva a libros importados para la Feria del Libro; la simplificación de trámites para autorizar vehículos nuevos y la eliminación de normas obsoletas en el comercio hortícola.
- Agroindustria: la unificación del RUCA con el SISA para reducir trámites y mejorar la fiscalización; y la declaración de emergencias agropecuarias que habilitan beneficios fiscales y crediticios.
- Empresas públicas: el inicio de la privatización total de ENARSA mediante la venta de activos estratégicos.
- Reformas laborales y transporte: la regularización gremial en la administración pública nacional; la autorización para que buques extranjeros operen bajo bandera argentina en cabotaje; y la flexibilización operativa para la marina mercante.
Además del relevamiento normativo, esta entrega incorpora un análisis especial sobre los cambios en la Ley de PYMES y la Ley de Apoyo al Empresariado Joven. El Decreto 339/2025 eliminó gran parte de las herramientas de acompañamiento estatal que estas leyes contemplaban, como programas de capacitación, acceso al crédito, certificación de calidad, internacionalización y consorcios de exportación. Aunque muchas de estas políticas ya no funcionaban en la práctica, su derogación plantea interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de las leyes en Argentina.
En un texto de reflexión, el equipo de Usina PyME señala que este caso expone un problema más profundo: la naturalización de leyes que no se cumplen. La desconexión entre norma y práctica debilita la institucionalidad, erosiona la seguridad jurídica y deja espacio a la discrecionalidad política. Para revertir esta situación, no se trata de prometer más, sino de cumplir mejor: que legislar vuelva a ser un acto de responsabilidad, y no solo una declaración de intenciones.
Este seguimiento busca no solo documentar los cambios normativos, sino también ofrecer una mirada crítica sobre su contexto y consecuencias, aportando evidencia para un debate productivo sobre el rumbo regulatorio del país.
