Pedimos resúmenes de tarjetas corporativas de empresas estatales

El equipo de Activismo Judicial de la Fundación Apolo, representado en esta oportunidad por Juan Manuel Fazio, ha solicitado acceso a la información pública con relación a empresas y sociedades previstas en el artículo 7 inc. g) de la Ley 25.275.

En dicho informe, se solicita listados de titulares de tarjetas de crédito corporativas y extensiones de cada entidad, indicando nombres, apellidos y DNI, entre el 10-12-2020 y la fecha del requerimiento. Asimismo, también se piden copias de resúmenes de movimientos de estas, mas los datos de los responsables de la recepción de rendiciones de cuentas de cada entidad, protocolos o normas internas de otorgamiento, además del uso y rendición de cuentas.

Este pedido se deba a que las empresas estatales han quedado exentas de abonar el impuesto país. Como claro ejemplo, la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral, han quedado exceptuadas de pagar el llamado impuesto solidario por todas sus compras al exterior, lo cual no coincide con el artículo 36 de la ley 24.156, en la cual se pone de manifiesto que en éstas, no se encuentran alcanzadas por el presente impuesto las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inc a) y b) del artículo 8 de la ley 24.156.

Esto quiere decir que no solo los tenedores de tarjetas corporativas de la empresa podrán acceder al mundo sin pagar el impuesto solidario, sino además, los ejecutivos de los bancos públicos, nacionales y provinciales, los de empresas energéticas provinciales o cualquier otro funcionario que tenga una tarjeta entregado por una compañía municipal también será eximidos.

Otro ejemplo es de la Sra. Malena Galmarini, presidente de Aysa. En caso de que la prestadora de servicios de agua y saneamiento le entregue una tarjeta para sus gastos, no tendrá que pagar el impuesto solidario.

Conociendo esta situación, es que se solicita esta información, para saber si las personas que poseen tarjetas corporativas aprovechan este beneficio para realizar compras personales en el exterior, generando así un trato desigual de los ciudadanos ante la ley.

Debajo se puede ver el pedido de acceso a la información pública.