El pasado 1o de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazó un recurso de queja presentado por el GCBA, que tenía como objetivo dejar sin efecto la sentencia de primera instancia (ratificada por la Cámara) que le otorgaba a la Ciudad un plazo de un año y seis meses para adecuar todos los establecimientos educativos públicos que no se ajustaran a la Ley 2448 de Vidrios Seguros, sancionada en 2007.

El debate sobre qué tipo de vidrios debían tener las escuelas surgió luego del accidente fatal que sufrió Amparo Alfonsín, nieta del expresidente de la Nación, en 2004, en una escuela privada de la Ciudad de Buenos Aires. La adolescente (15) chocó contra una puerta de vidrio en su escuela, y una de las esquirlas le provocó un corte profundo en la ingle y le perforó la arteria femoral. En septiembre de 2007, se sancionó la Ley 2448, que ordenaba reemplazar todas las ventanas de las escuelas por vidrios de seguridad irrompibles o que no se astillaran. La norma fijó un plazo de cinco años para reemplazar los vidrios en todas las escuelas porteñas, públicas o privadas.

El 18 de mayo de 2018, a partir de un amparo que a fines de 2015 había iniciado la ONG Ciudadanos Libres (que preside el Dr. José Magioncalda y que actualmente está asociada a la Fundación Apolo), el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N.o 23, a cargo del doctor Francisco Ferrer, había dictado un fallo judicial en el que se consideró lo siguiente: «El GCBA incumplió con el deber de programar y, posteriormente, reemplazar los vidrios que no cumplieran con los parámetros de seguridad establecidos por la Ley 2448 en los establecimientos educativos de gestión pública, en el plazo fijado a tales efectos por la Legislatura porteña (cinco años desde su entrada en vigencia), el que se encuentra vencido desde noviembre de 2012». El incumplimiento ha sido parcial, pues hubo una conducta tendiente a adecuar los vidrios a los parámetros establecidos; sin embargo, según señaló el juez Francisco Ferrer, dicha conducta «no ha resultado suficiente para garantizar los derechos tutelados».

Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires ya había recurrido el fallo con resultado desfavorable en segunda instancia, en la cual tampoco se le había permitido acceder al Tribunal Superior de Justicia por vía del recurso de inconstitucionalidad.

Entonces, con este fallo, el GCBA deberá cumplir con la Ley y adecuar todas las escuelas para tener «vidrios seguros».

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