Junto con la exárbitra Florencia Romano presentamos un amparo para preservar el derecho a no exhibir datos de salud

Con el respaldo del Equipo de Activismo Judicial de la Fundación Apolo y el patrocinio jurídico del abogado Juan Pablo Pane, la exárbitra de fútbol, artista plástica y ajedrecista Florencia Romano presentó un amparo ante la Cámara Federal de San Martín para que le permitieran participar de un torneo de ajedrez sin tener la obligación de exhibir el pase sanitario y todo lo que ello conlleva en perjuicio de su privacidad al mostrar sus datos personales de salud.

En su presentación, la amparista argumenta que, independientemente de su situación respecto del esquema de vacunación contra el coronavirus, el Estado no debe ni está facultado para obligar al club que organiza dicho certamen en la disciplina de ajedrez a exigirles a los participantes que muestren datos sensibles, como son los sanitarios, conforme lo establece la Ley de Protección de Datos Personales, que expresamente sostiene que «ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles». De este modo, la demanda que presentó Florencia Romano, con el apoyo de la Fundación Apolo, apunta contra el Estado y su suspensión y vulneración arbitraria de los derechos que tienen las personas al esparcimiento, a practicar deportes y a la intimidad, pues, a través del pase sanitario y su obligatoriedad, el Gobierno Nacional limita la libertad ambulatoria de las personas y sus derechos constitucionales más fundamentales.

Asimismo, es importante destacar que, ayer, en defensa de esas libertades y derechos individuales que nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan, la Fundación Apolo puso a disposición de todos un habeas corpus para que se garantice el ejercicio de nuestros derechos ambulatorios, así como los de acceder a determinados eventos culturales o sociales sin la necesidad de exhibir el certificado que acredita la inoculación de las dos dosis que prevé el esquema completo de la vacuna contra el coronavirus.

A pesar de la realidad sanitaria que estamos viviendo, el Estado no debe alterar el goce de ciertos derechos y negar, como lo viene haciendo a partir de estas medidas administrativas, las bases constitucionales sobre las que se erige todo Estado de Derecho. Cuando esto sucede, la Fundación Apolo está para defender a los argentinos de esos atropellos.