A partir del fallo a favor sobre el habeas corpus que presentó la Fundación Apolo a través de su Equipo de Activismo Judicial y de su presidente, Antonio Fratamico, la Justicia Federal determinó que, en lugar de seguir emitiendo decretos que cercenen los derechos y libertades de las personas bajo la excusa de la «necesidad y urgencia», Alberto Fernández deberá dejar en manos del Congreso Nacional el dictado de normas para abordar la emergencia sanitaria, pues son los senadores y los diputados —y no el Poder Ejecutivo— quienes deben deliberar y sancionar una ley que considere el bien común de todos los ciudadanos argentinos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, Antonio Fratamico, el impulsor del habeas corpus mencionado, envió un expreso pedido de audiencia para asistir con sus letrados y dar a conocer, en un provechoso debate, cuáles son, según el criterio de la Fundación Apolo, los lineamientos para el dictado de una ley que contemple medidas sanitarias contra la pandemia. Dicha solicitud se envió a la presidenta del Senado (Cristina Fernández), al jefe de gabinete (Santiago Cafiero), al presidente de la Cámara Baja (Sergio Massa) y a los correspondientes jefes de bloque.

A través de sus medidas restrictivas, el presidente de la Nación ha vulnerado derechos constitucionales fundamentales. Como respuesta, y en defensa de la libertad y de esas facultades individuales que la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan, la Fundación Apolo alzó la voz una vez más y actuó rápidamente para evitar el avasallamiento que, desde el inicio de la pandemia, vienen sufriendo los argentinos por parte del Gobierno Nacional, que sigue eludiendo sus obligaciones y compromisos mediante pretextos, y negando las bases constitucionales sobre las que se erige todo Estado de Derecho.

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