Desde la Fundación Apolo, con las firmas de José Magioncalda, director del equipo legal, de su coordinador, Juan Martín Fazio, y del Diputado (MC) José Luis Patiño, presentamos una denuncia penal contra el Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, y contra el gremio de Camioneros al entender que estos últimos estarían “usurpando funciones públicas” en el marco de las fiscalizaciones de precios por el programa “Precios Justos”. Tombolini, por su parte, había publicado en sus redes sociales que el Sindicato comandado por Hugo Moyano se encontraba participando de la verificación de la marcha de “Precios Justos”, en lo que hace al cumplimiento de los stocks comprometidos por las empresas. Sin embargo, según figura en la reglamentación del propio programa, esa tarea le corresponde de manera específica a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de Nación a través de sus áreas administrativas pertinentes. En ese sentido, la presentación expone que “los integrantes del Sindicato de Camioneros que se encuentran realizando junto a la Secretaría de Comercio las actividades de contralor […], podrían estar incursos en el delito de usurpación de autoridad”, delito que configura “prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo”, tal como figura en su artículo 246, inciso 1, el Código Penal. Asimismo, indica la denuncia, debería investigarse si Tombolini “incurrió en el delito previsto en el art. 248 del Código Penal” al “introducir a una organización ajena a la estructura estatal en la realización de actividades que competen a agentes estatales”.
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