Denunciamos a los gremios docentes que no quieren dar clases

En la mañana de hoy, Fundación Apolo denunció penalmente a los integrantes del gremio UTE–CTERA por instigación a cometer delito (art. 209 del Código Penal) y por delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal) en razón de la convocatoria al paro docente, efectuada por dicho gremio, contra la decisión de la Justicia porteña de exigir la apertura de las escuelas.

En la denuncia, que suscribe el Presidente de la ONG denunciante, Antonio Fratamico y el Coordinador del Equipo Legal de la misma, José Magioncalda, con el patrocinio del Dr. Juan Matín Fazio, se sostiene que “La convocatoria al paro, además de expresar claramente la motivación en el acto judicial, excede las motivaciones genuinamente sindicales, es decir, basadas en intereses de los trabajadores para los que la Constitución garantiza el derecho a huelga, avanzando en materia política al expresar una clara defensa del DNU 241/21, lo cual excede la materia sindical e invade cuestiones privativas de los poderes y procedimientos institucionales establecidos por las constituciones provinciales y nacional, de los que la sentencia citada es parte como norma específica.

En este orden de ideas, y ante el reconocimiento expreso de los convocantes del motivo por el cual instan a los docentes a no concurrir a prestar tareas conforme lo ordenado por el fallo mentado, consideramos que dicha conducta podría encontrar receptación típica en las previsiones de los arts. 209 y 239 CP, que expresamente establecen “ARTICULO 209. – El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41.” “ARTICULO 239. – Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.”

La causa, que lleva el número CCC N° 16827/21 quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 53 / Fiscalía 55