Esta mañana, miembros de la Fundación Apolo presentaron una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra la ministra de Salud de la Nación, la Dra. Carla Vizzotti, por imponer el uso del lenguaje inclusivo como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos del Ministerio y sus organismos descentralizados.

Por un lado, el denominado «lenguaje inclusivo de género» es una clara distorsión de la lengua de comunicación oficial de nuestro país y carece de todo sustento en las normas lingüísticas que establecen, además de la Academia Argentina de Letras (AAL) y la Real Academia Española (RAE), el resto de las academias en todo el mundo que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Es, en realidad, con carácter precisamente exclusivo y excluyente, una mera manifestación ideológica que pretende imponerse por sobre las convenciones de nuestra lengua española. Asimismo, es importante destacar que promotores de este lenguaje pseudoinclusivo reconocen que su uso no está ligado a las directrices del lenguaje claro en los actos públicos. Al contrario, sus cultores reconocen y expresan abiertamente que su utilización responde a una actitud política interesada en la difusión y propaganda (visibilización) de determinadas ideas políticas o sociales que no son compartidas por todos los ciudadanos. Mucho menos, por los casi 600 millones de hablantes del español en todo el mundo.

Por otro lado, la utilización de nuestro idioma oficial en las relaciones jurídicas, y particularmente en aquellas que se dan en el ámbito público, se encuentra directamente relacionada con la claridad y la accesibilidad cognitiva de las decisiones que obligan a los particulares, y les reconocen derechos. Podrá no gustarle a la Ministra denunciada el idioma español rioplatense, tal como lo entiende la ASALE en general y la AAL en particular, pero lo cierto es que ese idioma, y no otro, sin la alteración de la Gramática española que implica el lenguaje inclusivo, es el que nos permite acceder a una interpretación básica y común de lo que las normas pretenden decirnos a TODOS por igual.

La utilización de un idioma de facción, impulsado desde un ente público, evidencia una inocultable finalidad ideológica y propagandística que en nada contribuye a la protección y ampliación de los derechos de las mujeres ni de las personas LGBTQI+. Todo lo contrario, los excluye, estereotipa y estigmatiza, pues las conquistas de la mujer y de la comunidad LGBTQI+ siempre se han llevado a cabo sin modificar una sola letra del idioma español, sino como derivación razonada del principio de igualdad ante la Ley.

Esta conducta de la Ministra, además, es imprudente, en tanto abre la puerta para nuevas y unilaterales modificaciones del idioma, basadas en criterios ideológicos, que compliquen cada vez más la relación entre la ciudadanía y los entes públicos. Por último, es importante destacar los fundamentos de la posición de la AAL frente al denominado y mal llamado lenguaje inclusivo: «Para la Academia Argentina de Letras, indefectiblemente, deben recorrerse dos caminos: el lingüístico y el sociopolítico. Una lengua, un cuerpo lingüístico, no puede inventarse o reinventarse conscientemente de la noche a la mañana. No pueden reemplazarse las letras a y o, que diferencian el género, con la arroba, el asterisco, la e o la x porque se tiene la voluntad de hacerlo en contra del androcentrismo o de reflejar con ello una realidad sociopolítica». Entonces, la Academia Argentina de Letras coincide con las demás Academias de la Lengua en que el llamado «lenguaje inclusivo» no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica que desea imponer un grupo minoritario sin tener en cuenta el sistema gramatical del español. Es una manipulación de la lengua.

Compartir Publicación