La Fundación Apolo —a través de su Equipo de Activismo Judicial, con la firma de su presidente, Antonio Fratamico, y con el patrocinio legal de Juan Pablo Pane— presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de San Juan con motivo del pase sanitario que rige en todo el país.

En la presentación, se solicita que se decrete la nulidad, inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de las normas que dictó el Poder Ejecutivo Nacional y el de la provincia cuyana en cuanto a la obligatoriedad de demostrar mediante un documento la inoculación del esquema vacunatorio completo, pues dichas decisiones administrativas vulneran derechos y garantías elementales de raigambre constitucional y convencional.

Asimismo, es importante destacar lo arbitrario que resulta, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, que se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es, en realidad, el Estado el que actúa deficientemente en la campaña de vacunación. A pesar de esto, la respuesta de la ciudadanía cada vez que se la convocó a vacunarse ha sido satisfactoria. Pero el verdadero problema, actualmente, radica en que, en la Argentina, hay vacunas que no se están poniendo a disposición de la ciudadanía. Es precisamente en ese contexto que las campañas de concientización —siempre a partir de datos, nunca de eslóganes— deben cumplir el rol de informar y convencer a la población de las bondades de las vacunas contra el coronavirus.

En los amparos presentados a lo largo y ancho del país desde que el Gobierno decidió tomar el camino del atropello a las libertades individuales, se esgrime que los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, como son trabajar, reunirse, circular, ejercer industria lícita y profesar cultos, no pueden condicionarse a una constancia de vacunación.

Es por ello por lo que la Fundación Apolo continuará velando por el cumplimiento, promoción y protección integral de los principios de la República, el orden constitucional y la libertad, que el Gobierno viene vulnerando desde comienzos de la pandemia.

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