Con las firmas de Yamil Santoro, Juan Manuel Otegui Molina, Juan Martín Fazio, coordinador del equipo legal de Fundación Apolo, Paulo Vitaver y Juan Pablo Pane, ambos miembros de dicho equipo, denunciamos al ex-ministro de salud Dr. Ginés González García, a su Directora de Compras y Contrataciones Dra. María Maxit, y otros funcionarios que habrían omitido cumplir normas de contrataciones durante el período auditado por la auditoría general de la nación en su informe aprobado por resolución 175/2022, sobre “contrataciones públicas de emergencia (cpe) realizadas en el ámbito de la dirección de compras y contrataciones para atender a la pandemia producida por el covid-19”

El informe revela procesos de contrataciones carentes de dictámenes técnicos obligatorios, compras de elementos sanitarios no certificados por ANMAT, vinculación directa entre, al menos, un proveedor y un funcionario ministerial, anticipos a proveedores por montos mayores a los aprobados, e inacción frente a observaciones del organismo de control.

Se relevaron incumplimientos insólitos de leyes básicas de procedimientos gubernamentales y ética en el ejercicio de funciones públicas que, en sí, constituyen incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, pero asimismo pudieron facilitar fraudes a la administración pública.

La ausencia de justificación de las deficiencias relevadas constituye, a criterio del equipo de activismo legal de Apolo, motivo suficiente para el inicio de una investigación por presunto fraude a la administración pública contra la titular de la dirección de compras y contrataciones y contra todo aquel que pudiera haber participado de estas operaciones u omitido controles legales. el pago de anticipos en exceso, en particular, puede obedecer a la existencia de “comisiones” ilegales.

Hasta el momento, no se han conocido denuncias o procedimientos de investigación sobre los posibles delitos evidenciados por la auditoría general de la nación, por lo que fundación apolo bases para el cambio ha decidido radicar una denuncia para promover la actuación de fiscales y tribunales sobre los hechos sospechosos.

La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional número 5 bajo el número de expediente CFP 336/2023.

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