Esta mañana, la Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que coordina José Magioncalda, presentó una denuncia penal contra el Presidente de la Nación Argentina, el Dr. Alberto Fernández, por el delito previsto en el artículo 248 del Código Penal (abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público) con motivo del dictado del Decreto 735/2020, que dispuso un recorte en la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferírsela a la Provincia de Buenos Aires.

En el escrito, que lleva la firma de José Magioncalda, se sostiene que la reducción de los fondos de coparticipación vulnera el artículo 75, incisos 2 y 9, de la Constitución Nacional. Asimismo, según los argumentos del propio decreto presidencial, podría estar vulnerando el artículo 17 de la Ley Procedimiento Administrativo (Ley N.o 19549).

Alberto Fernández ha quebrantado, a través de su Decreto, el carácter convencional de la coparticipación, ya que estableció una quita sobre la CABA y decidió, de modo unilateral e inconstitucional, qué provincia será beneficiaria de dichos fondos. Por lo tanto, es importante destacar que, en virtud del atropello a los principios constitucionales y a la ley mencionada, nuestro Código Penal establece la pena de «prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo».

La denuncia contra el Presidente por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.o 11 (Expdte. CFP 7254/2020), a cargo del juez Martínez De Giorgi.rnacionales de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional y que consagran el derecho de acceso a la información pública.

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