SOBRE NOSOTROS
¿Cómo nació la Fundación Apolo?
En 2015, un grupo de abogados denunciaron una designación irregular en el Banco Central. Ese primer litigio los reuniría alrededor de la idea de que había que defender el interés público de la Nación de las decisiones arbitrarias, desaprensivas y contrarias a la ley de actores del poder estatal.
Con la formalización de la Fundación Apolo, empezamos a recepcionar, investigar y denunciar numerosos casos de corrupción estatal y privaciones de derechos constucionales. Logramos resultados concretos: frenamos privilegios indebidos, visibilizamos la malversación y robo de fondos públicos, imputando a los responsables, y formamos parte de debates clave sobre transparencia, legalidad y abusos de autoridad.
A medida que crecimos, nos propusimos algo más ambicioso: no solo lograr justicia por los hechos que ocurrieron, sino lograr los cambios de comportamiento para que no vuelvan a pasar. Hoy, en Apolo desarrollamos nuevas miradas en el ámbito de políticas públicas, acompañamos reformas en distintos gobiernos, capacitamos funcionarios, e integramos una red de instituciones y personas comprometidas con transformar la forma en la que se gestiona lo público.
Litigamos cuando hay abusos, proponemos cuando hay vacíos, e investigamos cuando ocultan la verdad. Lo hacemos con datos, rigor y vocación, porque creemos que en un país justo todos somos iguales ante la ley.
MISIÓNHacer cumplir la ley en la administración pública Argentina
Son los valores que guían nuestro comportamiento, nuestras prioridades y nuestra manera de trabajar.
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- Integridad
- Audacia
- Profesionalismo
- Compromiso
- Comunidad
- Austeridad
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¿Como lo hacemos?
Activismo judicial y ciudadanía activa
| Investigamos e identificamos problemas en el funcionamiento de la administración pública. |
| Nos presentamos ante la Justicia en los casos que implican delitos o abusos de poder. |
| Seguimos cada causa y las visibilizamos ante la ciudadanía. |
| Logramos imputaciones en la Justicia y cambios en las prácticas delictivas. |
Análisis de políticas públicas y propuestas de reforma
| Seleccionamos políticas o procesos de gestión clave, analizando su desempeño. |
| Dialogamos con actores involucrados para entender barreras y oportunidades de mejora. |
| Diseñamos políticas públicas o proyectos de reforma. |
| Trabajamos junto a la administración pública para la implementación de las propuestas. |
Formación y construcción de comunidad cívica
| Diseñamos programas de formación vinculados a lo público y lo institucional. |
| Generamos alianzas con expertos, universidades y otras organizaciones del tercer sector. |
| Convocamos y generamos comunidad alrededor del programa diseñado. |
| Capacitamos al público relevante para la utilización del contenido en la función pública. |
Nuestro ImpactoCambiar comportamientos para Mejorar el Estado.
En Apolo investigamos, denunciamos y visibilizamos: intervenimos para que algo cambie. Nuestro trabajo se mide por un solo criterio: lograr que un organismo público, un funcionario o una política estatal corrija un rumbo problemático.
Causa Seguros: avanzamos sobre un esquema de corrupción de más de 20 años
Nuestra investigación reveló un entramado de contratación irregular de seguros en organismos públicos, con comisiones millonarias a intermediarios sin justificación. Aportamos una ampliación clave que demostró que el mismo sistema ya operaba en la Provincia de Buenos Aires hace dos décadas con los mismos actores (Alberto Fernández – entonces Presidente Argentino – y Héctor Martínez Sosa, entre otros). Hoy la Justicia federal avanza: hay varios funcionarios procesados, incluyendo el ex-Presidente, 39 citaciones a indagatoria, multiples allanamientos y el caso está marcando un precedente histórico en las contrataciones públicas.
Misiones: recuperamos el derecho al voto de las fuerzas de seguridad
La Justicia provincial había excluido a cerca de 16.000 agentes de seguridad y defensa del padrón para las elecciones legislativas. Presentamos un amicus curiae que exigió la restitución de sus derechos. El fallo fue revertido por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones y las fuerzas pudieron votar el 8 de junio de 2025.
Reapertura de la causa contra Evo Morales por corrupción de menores
Investigamos y acercamos pruebas a la Justicia para revertir el cierre de una causa que habíamos denunciado, que alegaba abuso de menores y trata de personas en territorio Argentino. Fuimos aceptados como querellantes, lo que nos permite impulsar la investigación desde dentro del proceso judicial.
Vacunatorio VIP: juicio a Ginés González García
En un caso testigo durante la pandemia, denunciamos al exministro de Salud por administrar vacunas de forma discrecional y fraudulenta. El escándalo marcó un hito clave en la gestión de recrusos sanitarios; resultó en la imputación y la eventual destitución del ministro, además de una mayor transparentación del sistema de vacunación por parte del Gobierno Nacional.
Fin de inspecciones sindicales ilegales
Denunciamos a Hugo Moyano y Matías Tombolini por promover operativos de control de precios sin autoridad legal. La práctica cesó y se limitó el accionar sindical fuera de norma.
Carla Vizzotti: denunciada por uso discrecional del poder
Señalamos cómo favoreció a una allegada durante el ASPO, violando las normas sanitarias. El caso se hizo público y se sumó al debate por los privilegios del poder.
Cristina Kirchner sin acceso a su jubilación de privilegio
Reclamamos que se cumpla la exigencia legal de “mérito y honor” para acceder a pensiones especiales. Apuntamos a CFK, Alberto Fernández, Boudou e Isabel Perón. Actualmente, la expresidenta no cobra su beneficio.
Crimen Organizado Trasnacional en Argentina: la revelación de la presencia del Tren de Aragua
Advertimos sobre la existencia de células criminales vinculadas al régimen de Maduro, que perseguían y amedrentaban a opositores venezolanos en suelo Argentino, que figuraban dentro de las “listas negras” de la Dictadura. La organización criminal fue declarado como grupo terrorista por el Gobierno Nacional. Poco después de nuestra investigación, el Ministerio de Seguridad detuvo a miembros del Tren de Aragua.
Causa FISU: denunciamos un esquema de desvío millonario
El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), vinculado a funcionares preponderantes del Gobierno Nacional (Grabois, Tolosa Paz y Taiana), prometía urbanizar barrios populares. Denunciamos que solo se realizaron 400 de las 6.500 obras asignadas. A raíz del escándalo, el fondo fue disuelto por el propio Poder Ejecutivo.
UATRE: denunciamos una asociación ilícita que convirtió al sindicato en una estructura delictiva
Nuestra investigación reveló cómo la conducción de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) operó como una “empresa ilícita” en perjuicio de sus afiliados. Denunciamos la asunción fraudulenta de José Voytenco, quien rescindió contratos vigentes para beneficiar a empresas más costosas. También expusimos el rol del juez federal Juan José Baric, que habría convalidado elecciones irregulares y nombrado a un interventor en la obra social del sindicato. La entonces Ministra de Trabajo, asociada a empresas favorecidas, hizo silencio a los reclamos de afiliados, pero nuestras acciones contribuyeron a que el sindicato fuera intervenido por el Gobierno Nacional tras el cambio de mandato.
Massa expuesto por desviar recursos estatales para su campaña
Revelamos cómo el Ministerio de Economía fue utilizado para fines electorales, mientras se atrasaban pagos a empresas SAS sin explicación. La denuncia forzó la regularización de pagos y mayor control institucional.
Toma de edificios públicos por ATE
Denunciamos a Daniel Catalano por perturbación a la función pública tras tomas ilegales de oficinas estatales. La presión judicial aceleró los desalojos y marcó un límite institucional.
Alberto Fernández sin custodia paga en Europa
Frenamos, mediante un amparo, un decreto que autorizaba al expresidente a contar con custodia múltiple en el exterior financiada por el Estado.
▶ Causa Seguros
▶ Crimen Organizado Trasnacional en Argentina
▶ Misiones: recuperamos el derecho al voto de las fuerzas de seguridad
▶ Causa FISU
▶ Reapertura de la causa contra Evo Morales
▶ UATRE
▶ Vacunatorio VIP
▶ Massa y desvío de recursos estatales
▶ Fin de inspecciones sindicales ilegales
▶ Toma de edificios públicos por ATE
▶ Carla Vizzotti y uso discrecional del poder
▶ Alberto Fernández sin custodia paga
▶ Cristina Kirchner sin jubilación de privilegio
Comisión EjecutivaEl Equipo Apolo
Maria Videla Rivero
Directora EjecutivaEx Directora Ejecutiva del Teatro Colón, Subsecretaria de Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura de la Nación y Gerenta Comercial de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Dirigió la producción general de numerosos espectáculos y eventos públicos y privados a gran escala en Argentina, Brasil y distintos puntos de América Latina. Desde 2009, se desempeña como gestora especializada en el ámbito cultural y comercial, administrando proyectos de excelencia y liderando organizaciones de prestigio internacional.
A lo largo de su trayectoria, lideró equipos de alto rendimiento, destacándose también por su compromiso con los derechos humanos y la igualdad. En SBASE participó activamente de la Mesa de Género “Igualdad de Género y Equidad”, impulsando la capacitación de la comunidad interna para promover la conciencia, el respeto y la equidad en un ambiente laboral diverso, inclusivo y empático.
Yamil Santoro
Director GeneralAbogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con orientación en Derecho Administrativo. Magíster en Políticas Públicas por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y doctorando en Administración de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), institución donde además se desempeña como docente.
Actualmente es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empresario, docente universitario y consultor político. A lo largo de su carrera, ha combinado la actividad académica y legislativa con una fuerte vocación por la defensa de los principios republicanos, la transparencia institucional y la modernización del Estado.
En el ámbito legislativo, ha promovido activamente proyectos vinculados a la reducción del gasto público, la digitalización de la administración estatal, la educación financiera y la protección de las libertades individuales. Su enfoque está centrado en lograr una gestión pública más eficiente, ágil y alineada con los desafíos del siglo XXI.